Conflicto local, realidad nacional

por Sebastian Muena, equipo editorial de Polémica Universitaria.

Conflicto local, realidad nacional (1)

La Región de los Lagos vive una situación delicada. Desde hace más de un mes la actividad de la industria Silvicultora y de los pescadores artesanales (incluyendo todo el comercio asociado a estas actividades y las familias que dependían del mismo) ha disminuido considerablemente debido a una serie de factores ambientes como el cambio climático, la “Marea Roja”, el exceso de nutrientes con la consecuente privación de oxígeno, más la implicancia de factores externos emanados de la sobreexplotación indiscriminada de nuestros recursos en las salmoneras, el abuso excesivo de antibióticos de última generación, sumado a las facultades entregadas por el Estado, ya sean en subsidio a las empresas, lo que permite la relocalización de las mismas cuando lo requieran y al desabastecimiento presente en la zona, lo que ha dejado condiciones paupérrimas a los habitantes de la región.
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Lo dicho anteriormente gatilló la muerte de toneladas de salmones, produciendo desempleo, temor, y pésimas condiciones de vida para los trabajadores de estas empresas y sus familias, por lo que el material orgánico debía ser desechado. Salmones cuyo estado hizo imposible su reutilización para la elaboración de harina de pescado, así como tampoco su disposición en tierra, debido a la emanación de ácido sulfhídrico (el cual es un veneno altamente tóxico).
 
La Armada (específicamente con la Dirección General de Territorio Marítimo) junto con Sernapesca autorizaron el vertimiento de 9 mil toneladas de salmones al mar, salmones en un claro estado de putrefacción producto de los causales ya mencionados. El lugar escogido para este proceso fue a unos 140 kilómetros de Ancud, Provincia de Chiloé, sitio que por sus características como lo menciona Eduardo Aguilera, Director Regional del Sernapesca: “debiera ser absorbido con facilidad por el medio ambiente”
 
Chiloé, Los Lagos y el sur del país están atravesando por una grave crisis socioambiental. Diversos hechos no explicados han ocurrido desde este suceso: varazón de moluscos en Ancud y Chonchi, varazón de 600 tns. de sardinas en Queule, marea roja que se extiende ya dos meses a lo largo del archipiélago llegando hasta Valdivia, y 40 mil toneladas de salmones muertos. Todos estos eventos entorpecen y bloquean la capacidad de las comunidades de desarrollar sus actividades económicas fundamentales.
 
Por lo que han existido diversa denuncias de vertimientos en lugares no habilitados, tanto en lugares cercanos a la costa y en lugares no habilitados, como reportes de barcos que han debido de ser abandonados por su tripulación antes de depositar estos desechos, por la emanación de estos gases tóxicos.
 
Por lo que se denuncia principalmente la falta de fiscalización por parte de las entidades gubernamentales que (repitiendo casos como lo sucedido en sectores como la minería, en sectores energéticos y en sectores industriales) siguen repitiendo las mismas lógicas de lo que es el Estado Subsidiario, argumentando fácilmente de que el Gobierno no es de “billetera fácil” cuando los subsidios al sector silvicultor fueron de aprox. 400 millones de dólares en el primer gobierno de Michelle Bachelet (este detalle es sumamente relevante, por lo que se abordará en la segunda parte de este articulo), y el presupuesto para las “fiestas” del ejercito superan los 4 millones de dólares.
 
No podemos desvincular esta concepción de Estado puesto que se manifiesta en la legislación (ley Longueira), en los subsidios como ya mencionamos anteriormente, en la facilitación de la localización y apertura de nuevas empresas del rubro en la zona, concesiones acuícolas, facilidades de exportación y (para terminar) relocalización de las empresas cuando ya han agotado ese sector.
 
Punto importante son los medios de comunicación, ya que han invisibilizado (y no accidentalmente) la problemática vivida por los habitantes de la región de Los Lagos, puesto que mientras evidenciamos un aumento de la victimización de la ciudadanía (en contraste con los índices de delincuencia), vemos como se selecciona la información o lo que debe conocer nuestra población. Inclusive mostrando el problema coyuntural sin evidenciar el problema real, ese problema que los aqueja solo por su condición geográfica, sólo por haber nacido allí, ese abandono sistemático por parte del Estado, sin desvincularse de las problemáticas nacionales que ellos mismos sufren en carne propia.
 
No podemos permitir que su voz sea silenciada, oculta, violentada; es nuestra labor seguir difundiendo estas perspectivas distintas de un conflicto que es local (como el que en su momento tuvo Aysen, como lo ha tenido Arica e Iquique, como lo han tenido muchas localidades abandonadas por este gobierno centralizado) pero que evidencia los mismos problemas que todos nosotros.
 
Hasta que la dignidad se haga costumbre.
 
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