El Proyecto de Ley de Desmunicipalización

por Camila Contreras Pereira

A días de cumplirse diez años de la Movilización Pingüina que reunió en las calles a miles de estudiantes secundarios, trabajadores de la educación, familias, artistas, diversos adherentes; hoy bajo el mismo gobierno, seguimos problematizando sobre los oxidados pilares que mantienen este sistema educativo. El blanco de críticas parece ampliarse cada vez más, ya no sólo se trata de cuestionar la LGE, o reducir las demandas del sector a un peticionismo económico (un exigir “más recursos”); al parecer el problema de fondo va tomando más matices.

Y es que el movimiento estudiantil debe dejar las patas en la calle para que los gobernantes se iluminen y se sienten a cambiar un modelo que no resiste más. Los “de turno”, la Nueva Mayoría, proponen un ramillete de leyes parte de una Reforma Educacional, la cual a medida que va poniendo sobre la mesa cada proyecto, el mundo educativo lo toma con desconfianza. Y no es para menos, durante meses profesores y estudiantes de pedagogía insistieron en rechazar un proyecto de Carrera Docente que no proponía nada nuevo, es más, sólo vino a aumentar el agobio laboral y competencia dentro gremio.

Siendo el último en materia de educación escolar en ser enviado (luego de la Ley de Inclusión y la Carrera docente) el Proyecto de Ley de Desmunicipalización presentado en noviembre de 2015 es la nueva batalla de este año

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¿Qué cambios propone este proyecto de ley?

La nueva institucionalidad que crearía este sistema, contaría con dos nuevos organismos, una red de Servicios Locales de Educación Pública (SLE) y Direcciones de Educación Pública (DEP). Los SLE se encargarían de “gestionar” el aprendizaje de los estudiantes, la labor pedagógica y docente, implementación curricular, entre otros aspectos; otorgándole atribuciones a los directores de colegios para facilitar toda esta gestión educativa. Cada SLE contaría con una Dirección Ejecutiva designada por el MINEDUC, en cuyo periodo de 6 años serían evaluados por los Convenios de Gestión Educativa, a su vez regulados por objetivos nacionales y locales de cada SLE.

Cada SLE contaría con un Consejo Local de Educación Pública, sólo de tipo propositivo y consultivo, compuesto por representantes de la comunidad educativa, dependiendo de cuantas comunas tenga a su cargo. Los representantes serían: alcaldes, gobierno regional, representante estudiantiles de distintos centros educativos (colegios, institutos y universidades), representantes de los Centros de Padres, representantes de los profesionales y asistentes de la educación. Cada SLE se constituiría según la cercanía y conectividad a las comunas, el número de matrícula de la zona. Este proyecto de ley contempla crear 67 SLE a lo largo del territorio nacional, aproximadamente un SLE por cada cuatro comunas. La región del Biobío contaría con 11 Servicios Locales de Educación.

La implementación de estos SLE se haría gradualmente, en un periodo de 35 años, financiado directamente por la Ley de Presupuestos. El traspaso del personal de las actuales Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) a los nuevos SLE sería a través de un concurso público, los funcionarios de los DAEM de más de tres años pueden postular, aunque la ley no permite un traspaso de más de un tercio de los funcionarios DAEM. Y es aquí donde los trabajadores de la educación centran su preocupación. El personal que no sea traspasado será indemnizado según su contrato, el personal que sí sea traspasado, su indemnización será cuando termine su contrato con el nuevo SLE.

Tercerización de las condiciones laborales y externalización de los Servicios Públicos

Los docentes, asistentes y trabajadores de la educación, no se encontrarán en calidad de funcionarios públicos (a diferencia de quienes trabajen directamente en los SLE o en Dirección Nacional de educación), éstos serán sub-contratados por los Servicios Locales de Educación. La tercerización laboral será un hecho que saldrá de los márgenes legales, vulnerando gravemente la libertad sindical, ya que los SLE como entes terciarizados no tienen derecho a negociación colectiva. Los docentes se regirán bajo el estatuto docente (no bajo el código del trabajo) por ende; no serán considerados ni trabajadores públicos, ni privados, por ende sin derecho a organizarse en sindicatos o asociaciones. A la vez mantiene la lógica de entregar la responsabilidad que corresponde al Estado sobre la educación, a diversas entidades administradoras. La política externalizadora (pilar fundamental del modelo económico neoliberal) se replica esta vez con los Servicios Locales de Educación, manteniendo a la educación privatizada.

Finalmente podemos llegar a la última página del proyecto de ley y concluir que no nos propone nada nuevo, la burocracia administrativa de los municipios se “cambiará de casa” a estos nuevos Servicios Locales, que no darían espacio a solucionar los problemas medulares que mantienen nuestras escuelas públicas con infraestructuras empobrecidas y nulas alternativas pedagógicas que sectores acomodados si se dan el lujo de optar (los proyectos Waldorf y Montessori no caben en las escuelas numeradas), no se preocupa de aterrizar un ambicioso currículum nacional que no se moldea a la diversidad de comunidades y culturas de nuestro pueblo, o temas más graves que son una constante silenciada: las malversaciones de fondos SEP que muchas veces terminan financiando campañas electorales de miembros de municipios, o negocios fraudulentos entre palos blancos que prestan servicios a los DAEM.

Insistimos que el desafío que en materia educativa se nos presenta es el de cambiar los viejos pilares que sostienen este sistema, construir uno nuevo, y esa nueva educación no debe ser cimentada por tecnócratas al servicio del empresariado y de los pactos de partidos políticos que no nos representan, un nuevo proyecto educativo debe ser pensado y construido por todos los sectores del pueblo organizado. Y es necesario recalcar esto último y que no quede como un slogan panfletero, la educación pensada como derecho social no es sólo tema de los universitarios si se presenta como “Reforma a la Educación Superior”, o sólo tema de los secundarios y profesores porque ahora se presente como este falso proyecto de desmunicipalización; todos los actores sociales debemos asumir el compromiso de unirnos estratégicamente para rechazar estas reformas y reflexionar sobre la educación como un todo, organizarnos más que nunca para sentar las bases en miras a construir la educación pública que queremos.

 

 

Camila Contreras Pereira

Pedagogía en Historia y Geografía

Movimiento La Dignidad

 

Bibliografía

  • Informe Final, Conclusiones y Propuestas. Encuentro Nacional por la Educación. Mayo 2014
  • Criterios para la reconstrucción de lo público en la Educación en el Chile Neoliberal. OPECH, 2013.
  • “El experimento educativo Chileno 20 años después: Una mirada crítica a los logros y falencias del sistema escolar.” Rodrigo Cornejo Chávez.
  • “Falsa desmunicipalización. Una política para tercerizar la escuela pública”. SUTE
  • “Falsa desmunicipalización. Una política para tercerizar la escuela pública. 2.0” SUTE
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